La carga impositiva que recae sobre la vitivinicultura argentina no solo es elevada, sino que viene en aumento sostenido. Según una actualización del informe elaborado por los economistas Alejandro Trapé y Juan Pott Godoy, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, los impuestos se llevan entre el 57% y el 62% del excedente puro de una finca o bodega, casi el doble que en Chile.

Este estudio, encargado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) detalla que, con datos actualizados al año 2025, la carga impositiva vigente en Argentina representa el 57,1% del excedente puro de producción de una finca y el 62,4% en el caso de una bodega. Si se trata de una finca pequeña, la presión asciende al 61,2%, mientras que en una finca grande baja al 53,6%. Para las bodegas, los números varían entre el 63,4% (pequeña) y el 58,4% (grande).

¿Pero qué significa “excedente puro de producción”? Es la diferencia entre los ingresos totales y los costos, excluyendo los impuestos. Y sobre esa diferencia, es decir, la ganancia real antes de tributar, el Estado se lleva más de la mitad.

Un ejemplo lo deja claro: si una bodega de Mendoza, con producción propia de uvas, genera ingresos totales equivalentes al 100%, el 81% se destina a cubrir los costos de producción, venta y administración. Queda un 19% de resultado empresario, y de ese margen, el 62,4% se va en impuestos.

Del informe surgen tres conclusiones clave:

1. La presión impositiva sobre la vitivinicultura argentina es superior al promedio de actividades económicas en el país.

2. Es casi el doble que la que afrontan fincas y bodegas de similares características en Chile.

3. Desde que se comenzó a medir, en 2017, esta presión no ha hecho más que aumentar.

Para ponerlo en contexto: mientras que la carga fiscal promedio sobre actividades económicas en Mendoza ronda el 39%, y a nivel nacional llega al 37,7%, en la vitivinicultura ese porcentaje sube por encima del 60%. Incluso supera ampliamente la presión tributaria de países vecinos como Brasil (40,4%) y, sobre todo, Chile (20,8%).

En detalle, en Chile una finca tributa en promedio el 33,3% del excedente puro, frente al 57,1% de Argentina. En el caso de las bodegas, la brecha es aún más marcada: 42,4% en Chile versus 62,4% en nuestro país.

Desde el punto de vista metodológico, se considera “carga impositiva” a la relación entre el total de tributos pagados por la empresa y el excedente de explotación puro. La estimación contempla dos tipos de explotación:

Primaria: abarca desde la etapa agrícola hasta la venta de uva a una bodega.

Integrada: incluye la producción de uva, su elaboración, fraccionamiento y venta del vino.

También se discrimina según el tamaño de las fincas y bodegas, tomando como base la producción anual en quintales de uva y en unidades de vino embotellado, damajuanas, Tetra Brik o Bag in Box.

En el cálculo se incluyen los siguientes tributos: Impuesto a las Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, impuestos patrimoniales, al cheque (Débitos y Créditos Bancarios), y los que se abonan en la compra de energía, combustibles, insumos y contratación de mano de obra.

¿Pero cuáles son los impuestos que más pesan en esta estructura?

Para una bodega integrada, que produce sus propias uvas para vinificar, tres tributos concentran la mayor parte de la presión fiscal:

Impuesto a las Ganancias (20,8 puntos porcentuales),

Impuestos al trabajo (17,1%),

Impuesto al Cheque (10,9%).

En cuarto lugar aparece Ingresos Brutos (3,4%), un tributo provincial. El resto, en su mayoría, son impuestos de origen nacional.

Este estudio vuelve a poner sobre la mesa un debate clave: ¿es posible sostener una industria vitivinícola competitiva con este nivel de carga fiscal? Y, sobre todo, ¿dónde debería enfocarse la discusión si se quiere garantizar su sustentabilidad a largo plazo?